Internacionales - 12.04.2017

Migrantes atrapados en isla de Nauru

Amnistía acusó a la empresa española Ferrovial de enriquecerse con los servicios prestados en un centro de migración financiado por Australia, donde ?no se respetan los derechos humanos?.
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Amnistía acusó a la empresa española Ferrovial de enriquecerse con los servicios prestados en un centro de migración financiado por Australia, donde “no se respetan los derechos humanos”.

Un escándalo de proporciones por el maltrato a migrantes en Australia estalló en la manos de una de las empresas más importantes de España. Amnistía Internacional (AI) denunció una serie de abusos cometidos en un centro para solicitantes de asilo y refugiados en el Pacífico, en el que presta servicios Broadspectrum, una empresa perteneciente al grupo Ferrovial, acusaciones que la multinacional española salió a negar no bien se conoció el documento difundido por la organización de derechos humanos. En concreto, AI acusó en un comunicado a Ferrovial y a su subsidiaria Broadspectrum de enriquecerse con los servicios prestados en un centro financiado por el gobierno australiano para gestionar solicitudes de asilo en la isla de Nauru. Además, la ONG de derechos humanos considera que ni Broadspectrum ni Ferrovial tomaron las medidas necesarias para hacer respetar los derechos humanos.

En mayo de 2016, Ferrovial adquirió Broadspectrum, empresa que había firmado con anterioridad un contrato con el gobierno de Australia en el que se comprometía a prestar servicios en sus centros de inmigración ubicados en Nauru y Papúa Nueva Guinea, contrato que el ejecutivo australiano prorrogó hasta octubre de 2017. Fuentes de la multinacional española señalaron que Ferrovial, Broadspectrum y el subcontratante en Nauru, Wilson Security, ya anunciaron el año pasado, luego de la adquisición de Broadspectrum, su decisión de no presentarse a la renovación de los contratos por no figurar dentro de sus actividades estratégicas.

Las denuncias sobre agresiones y abusos sexuales en los centros de Nauru y en la isla de Manus, de Papúa Nueva Guinea, cuyos servicios gestiona Broadspectrum, fueron ventilados en el informe de Aministía Internacional titulado “Treasure I$land”. “El Gobierno australiano ha creado una isla de desesperación para refugiados y personas buscando asilo en Nauru, pero una isla de beneficio para compañías que hacen millones de dólares con un sistema tan inherente e intencionadamente cruel y abusivo que supone tortura”, afirma Lucy Graham, investigadora de AI.

La ONG de derechos humanos menciona en el documento que se conoció por estos días la existencia de “una dieta diaria de humillación, abandono, abusos y atención deficiente de la salud física y mental”, incluso con intentos, de parte de los refugiados, de automutilación y suicidio. “Su sufrimiento se agudiza porque están atrapados en la isla: no pueden salir, ni siquiera una vez que se les concede el estatuto de refugiado”, señala el informe.

En el dossier Amnistía adjunta el testimonio de Amir (el nombre es falso), un ciudadano iraní alojado en el campo de refugiados cuya mujer, dice, intentó suicidarse varias veces después de que su hijo de cinco años resultara herido luego de que un vigilante del campo le lanzara una piedra. Australia practica una política de mano dura con los migrantes, rechazando sistemáticamente los barcos que intentan llegar ilegalmente a sus costas y conduciendo a quienes lo logran a los campos de retención situados en Papúa-Nueva Guinea y Nauru, subraya Amnistía.

En su informe, realizado a partir de informaciones publicadas por los distintos protagonistas y medios, Amnistía considera que el grupo, dada “la acumulación de datos”, o “bien tiene dudas, o bien es ciego ante la magnitud de los abusos en Nauru y la isla de Manus, y el papel que desempeñan Broadspectrum y Ferrovial en ellos”.

Según el informe de AI, actualmente hay 410 refugiados y solicitantes de asilo en el centro de Nauru, que reabrió el Gobierno australiano en 2012 para solicitar las peticiones de residencia. El informe incluye una carta enviada conjuntamente por Ferrovial y Broadspectrum en la que ambas empresas rechazan que sus decisiones estén motivadas por el beneficio a expensas de los derechos humanos.

En la misiva adjunta al documento de AI, Broadspectrum se muestra en desacuerdo con “las mÚltiples afirmaciones que señalan que hemos provocado, contribuido a provocar o sido cómplices de abusos contra los derechos humanos”. El grupo además asegura que dispone de un sistema para mejorar el bienestar de los refugiados. En la misma carta, Ferrovial afirma que su compra de Broadspectrum “no estuvo motivada por los beneficios en detrimento de los derechos” humanos sino por la voluntad de penetrar en nuevos mercados.

Por otra parte, Ferrovial consideró injustificadas las responsabilidades atribuidas a Broadspectrum, dado que no gestiona los centros y carece de capacidad para determinar el status de estas personas. Su labor, precisó la firma en un comunicado, se limita al cuidado de las condiciones de vida y seguridad de los integrantes de estos centros, como es la alimentación, alojamiento, educación, mantenimiento o limpieza, un trabajo similar al que prestaban en el pasado las ONG Save the Children y Salvation Army.

Las autoridades australianas han reconocido que el objetivo de este tipo de instalaciones es desalentar a los migrantes que tratan de alcanzar en barco las costas australianas desde países como Irak, Sri Lanka, Pakistán o Birmania (Myanmar).

A mediados de marzo, después de una lluvia de críticas provocadas por las inhumanas condiciones de vida de los internos y una orden judicial de clausura, las autoridades de Papúa Nueva Guinea decidieron cerrar el centro que Australia estableció en la isla papuana de Manus para tramitar solicitudes de asilo. Sin embargo, más de 800 personas permanecen allí, según informaron medios locales.

Fuente: pagina12.com.ar
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