Internacionales - 05.07.2016

Chile por la Universidad gratuita

El Gobierno de Chile envió al Congreso el proyecto de reforma para el sistema de educación superior, iniciativa que establece la gratuidad a largo plazo.
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Presidenta Michelle Bachelet.
Presidenta Michelle Bachelet.
El Gobierno de Chile envió al Congreso el proyecto de reforma para el sistema de educación superior, iniciativa que establece la gratuidad a largo plazo, según el anuncio que hizo por cadena nacional la noche del domingo la presidenta Michelle Bachelet, y que para el gobierno será el gran legado de la administración nacional encabezada por la mandataria.

El texto, prometido durante la campaña proselitista, contempla cambios en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la gratuidad universal en el largo plazo y la acreditación obligatoria para todas las instituciones, privadas o públicas.

La presidenta advirtió que el actual sistema "tiene limitaciones y genera profundas discriminaciones", por lo que "su desarrollo ha tocado techo y exige cambios", y detalló que "las instituciones de buen nivel no están al alcance de todos y muchos establecimientos no se preocupan de dar educación de excelencia".
"No podemos esperar que los problemas sean resueltos sólo por el mercado, porque la educación no es un bien de consumo que se pueda administrar como un mero negocio", remarcó.

Sobre la gratuidad, Bachelet expresó que "miles de estudiantes ya han podido comprobar que la gratuidad llegó para quedarse" y expresó su deseo de que "ahora quede establecido por ley que no hay vuelta atrás, que Chile conquistó un derecho permanente que se irá concretando gradualmente".

Además, Bachelet aclaró que las universidades estatales tendrán un "rol especial", a partir del cual el Estado fortalecerá su gestión, entregándoles un apoyo preferente, creando un nueva Subsecretaria, una Superintendencia y un Consejo de la Calidad.

Conocido el anuncio, el presidente de la agrupación G9, que reúne a instituciones universitarias privadas pero con un rol público, Claudio Elórtegui, calificó el proyecto de ley como "inexplicable e indignante".
"Es preocupante y revela un sesgo estatista que no podemos comprender, considerando que los objetivos de la reforma, que compartimos, son profundizar calidad y equidad", señaló Elórtegui, quien aprovechó de criticar que las universidades del Estado tengan un aporte fiscal directo.

Para el vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Carlos Vergara, el proyecto que reforma a la educación superior "lo que contiene es una regulación del sistema y no una expulsión del mercado de la educación superior".

"Hay universidades que tendrán menos ingresos de los que tienen ahora, por lo que no genera un cambio real en torno al sistema de financiamiento. Un claro ejemplo de ello es que se mantienen los créditos. Por lo tanto, no necesitamos que se regule el mercado, sino cambios sustanciales", alertó.

Ante los cuestionamientos sobre la poca claridad que existe en los plazos sobre la gratuidad universal, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que "está en el proyecto de ley cuáles son las condiciones para que la gratuidad sea real, pero va a depender de cuántos ingresos lleguen al sistema fiscal".

"Cuando se realizó el cálculo de la gratuidad, no sólo se pensó en la Reforma Tributaria, que ha sido clave y muy importante para todos los cambios que se han hecho en Educación. Todas las reformas suponen una cantidad de recursos muy grandes y, por tanto, ésta última supone que los ingresos que le entran al país, no sólo por la Reforma Tributaria, sino que también por el valor del cobre, por la recaudación que hace el sistema fiscal, todo eso es clave para seguir aumentando en gratuidad", puntualizó la ministra.

Al referirse al diálogo con los estudiantes, que esta semana tienen programadas dos marchas, la ministra extendió la invitación para iniciar una mesa de trabajo. "Llevan mucho tiempo marchando sin conocer el detalle de la reforma", evaluó, y los llamó a "empujar, junto con el gobierno, los cambios que se requieren, pensando que van a quedar cosas pendientes que en los sucesivos gobiernos pudieran mejorarse".
"No se puede desmontar un sistema de la noche a la mañana; hay que hacer un trabajo conjunto. Quisiera que fuera más rápido, pero aquí hay que ir avanzando en la medida que se tienen los recursos", agregó la ministra.

En tanto, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, insistió en que el Ejecutivo "va a seguir abierto al diálogo", y enfatizó que "el norte que ha fijado la presidenta Bachelet en muy claro: en este Gobierno, bajo la conducción de esta presidenta de la República, Chile transformará su sistema educativo desde uno donde ha primado el mercado y el lucro a otro en el que prima la educación como un derecho social".
Díaz añadió que "los chilenos se merecen -lo demandaron con fuerza en las calles el 2011- una reforma que asegure gratuidad y calidad en la educación superior, que ponga el acento en el derecho de las familias, pero particularmente en los estudiantes".

Mientras, la reciente encuesta semanal "Plaza Pública-Cadem" dada a conocer hoy, registró que un 67% de los encuestados no está de acuerdo con la Reforma Educativa y apenas un ientras que sólo un 25% lo está.
El sondeo además señaló que un 37% de los participantes considera que hay que retirar las actuales reformas tributaria, educacional y laboral para presentar nuevos proyectos, mientras que otro 25% piensa que es necesario "moderarlas", para evitar efectos en la economía y el empleo, mientras que un 30% optaría por profundizarlas, "porque han sido insuficientes" y un minoritario 5% las dejaría tal como están.

El Ejecutivo espera que esté aprobado antes de que termine el período presidencial de Bachelet (marzo de 2018), para avanzar en el cumplimiento de las reformas comprometidas en el programa de Gobierno. Si esta iniciativa logra el visto bueno, quedaría pendiente solo la reforma constitucional, que está en su fase inicial.

Fuente: telam.com.ar
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